Asimismo, lo acusa de haber destruido todos los mecanismos de fiscalización de recursos públicos existentes, para beneficiar a sus allegados, destruir el sistema de auditoría interna y de haber contratado personas con salarios superiores a los que devengan los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
La acusación establece además que Luis Henry Molina privilegió a personas relacionadas del Ministerio de la Presidencia y del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, institución que presidió en el pasado gobierno.
Leonardo Recio Tineo, quien se hizo acompañar del presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández y otros directivos del gremio, solicitó a la procuraduría iniciar las investigaciones pertinentes a los fines de confirmar la ocurrencia de graves irregularidades que envuelven cuantiosas sumas de dinero.
La instancia establece que de manera extraña Luis Henry Molina realizó licitaciones y contrataciones con nuevas empresas, dejando de lado a otras que por años ofertaron servicios al poder judicial.
Dentro de las imputaciones al presidente de la Suprema Corte de Justicia está haber desviado y transferido de manera irregular, los fondos de pensiones de servidores judiciales y de haber manejado cientos de millones de pesos al margen de la Constitución y el reglamento de control interno aprobado por el Consejo del Poder Judicial.
El miembro del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo y del CARD, Miguel Surún Hernández piden a la Procuraduría General de la República determinar las responsabilidades del presidente de la Suprema y de aquellos funcionarios del poder judicial y de la jurisdicción inmobiliaria que han incurrido en manejo fraudulento de los recursos del Sistema del Poder Judicial.
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