Martínez llamó a todos los sectores nacionales y en especial a los congresistas, a rechazar sin vacilación, debido a que entiende “son claras las pretensiones de hacer socavar la soberanía dominicana”.
De acuerdo con la pieza, la Comisión Interinstitucional para el Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de República Dominicana (Citim) se encargaría de diseñar políticas públicas relativas a la prevención, persecución, protección y cooperación internacional relativas a dichos delitos.
En cuanto a los recursos para combatir la trata de personas, el proyecto detalla que los fondos provendrán de las contribuciones de instituciones públicas y privadas, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, destinadas a los fines de la ley de trata.
Otra fuente de financiamiento son las asignaciones de las partidas presupuestarias de ingresos del gobierno central y de los bienes decomisados.
El proyecto de ley también establece una contribución especial obligatoria que tendrá que asumir toda persona jurídica o entidad en base a sus ingresos para la prevención y persecución de la trata de personas, así como la atención, protección y repatriación de víctimas y la asistencia y protección de las personas identificadas como víctimas de trata y comercio ilícito de migrantes
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