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El órgano acusador pedirá al tribunal de alzada rechazar los recursos de apelación interpuestos por las defensas y confirmar en todas sus partes la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Colegiado de Jimaní.
La decisión condenó a 10 años de prisión a Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de la Dirección General de Migración (DGM) en Jimaní, y al inspector Johan Rosario Castillo, mientras que impuso 15 años de cárcel a Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán. Además, ordena el pago de una multa de 150 salarios mínimos a cada uno de los condenados.
Las procuradoras de corte Yoanna Bejarán y Wendy González, titulares de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de la Procuraduría Regional de Barahona, explicaron que solicitarán la confirmación íntegra de la sentencia, al considerar que el tribunal de primer grado valoró de forma correcta las pruebas presentadas.
Ambas funcionarias reiteraron la necesidad de sancionar con firmeza delitos que afectan gravemente a personas en condición de vulnerabilidad, en su mayoría mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes resultan las principales víctimas de estas estructuras criminales.
Los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, Joselin Moreta (presidente), Wanda Deñó y Santa Kenia Pérez Féliz, aplazaron la audiencia para el próximo lunes 29 de diciembre, a partir de las 9:00 de la mañana, debido a la ausencia de dos abogados de la defensa.
Operación Iguana
La Operación Iguana fue ejecutada en el año 2022 con la realización de nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, logrando desarticular una red que utilizaba la frontera domínico-haitiana como centro de operaciones.
Durante los operativos, el Ministerio Público arrestó a los acusados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente RD$116,000 pesos, US$383 dólares, numerosos documentos y un arma de fuego calibre 9 milímetros.
La investigación fue iniciada en diciembre de 2021 por la PETT y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo del Departamento de Investigación de la DGM, logrando reunir pruebas que vinculan a los imputados con tráfico ilícito agravado de migrantes, secuestro y extorsión.
El expediente establece que los procesados utilizaban amenazas, chantajes y privación de libertad para exigir pagos a las víctimas, manteniéndolas en cautiverio hasta recibir las sumas demandadas.
Los acusados enfrentan cargos por violación a múltiples leyes, entre ellas la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 sobre Armas, la Ley 136-03 de protección a niños, niñas y adolescentes, y la Ley 583 sobre Secuestro.
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