Así lo determinó el Departamento de Justicia de Puerto Rico, tras una semana de análisis legal desde que Verdejo y su supuesto cómplice, Luis Cádiz Martínez, fueron acusados por un gran jurado federal.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, informó hoy, viernes, que la determinación se basa en la norma expuesta por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el conocido caso de Sánchez Valle, en el que establece que no se puede acusar una persona por los mismos hechos en los tribunales federales y los de Puerto Rico.
“Basado en el caso de Sánchez Valle y luego de la ponderación de consideraciones prácticas en la presentación de evidencia, tomamos la determinación de que los cargos contra Félix Verdejo Sánchez y Luis Antonio Cádiz Martínez sean procesados por el foro federal. De este modo, estaremos concentrando todos los esfuerzos en un solo foro para, de manera efectiva, lograr la convicción de los responsables de la muerte de Keishla”, indicó el secretario de Justicia, en declaraciones escritas.
La investigación del caso comenzó en la Policía de Puerto Rico desde que Rodríguez Ortiz fue reportada como desaparecida, con el apoyo de oficiales del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Para el domingo 2 de marzo, fuentes de la Policía indicaban la Uniformada ya había determinado un sospechoso y terminaba de recopilar evidencia con miras a una radicación de cargos. Ese día, el FBI asumió jurisdicción y ese día sometió una denuncia en el tribunal federal, que emitió una orden de arresto contra Verdejo, quien se entregó esa noche.
Según Emanuelli, el caso Puerto Rico vs. Sánchez Valle dispuso que, de acuerdo con la protección constitucional contra la doble exposición y debido a que Puerto Rico no es un estado federado, no se puede procesar en los tribunales de Puerto Rico a una persona que haya sido absuelta, convicta o expuesta a serlo por el mismo delito en los tribunales federales.
“En este caso, el gran jurado autorizó cargos federales contra Félix Verdejo, y se presentaron acusaciones por los delitos de robo vehicular con resultado de muerte, secuestro con resultado de muerte, posesión y uso de un arma de fuego en un delito de violencia. Las acusaciones federales imputan el asesinato o muerte de Keishla, en los cargos de secuestro y carjacking. Además, alegan la muerte premeditada de Keishla como parte de las circunstancias especiales agravantes.
“En vista de que la Fiscalía federal alegó (y habrá de probar) el asesinato de Keishla como parte de los elementos de los delitos de secuestro y el carjacking, así como un factor especial agravante, la norma de Sánchez Valle no aconseja presentar cargos estatales que puedan comprometer el procesamiento efectivo de este caso, que nos ha consternado a todos”, explicó Domingo Emanuelli.
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