Ministerio Público solicitó al tribunal inmovilizar las operaciones de las empresas vinculadas a Alexis Medina, a fin de evitar que puedan hacer transferencias de acciones y activos del entramado societario.
El juez deberá de decir también si acoge o no el pedimento de declarar o no el caso complejo a solicitud del Ministerio Público.
Para varios de los imputados, el MP pidió un año de prisión preventiva como medida de coerción, menos para el excontrolador Rafael Germosén, a quien instó un arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Por su parte, la defensa de los imputados mostró documentos de arraigo familiar y presentó presupuestos, al tiempo que pidió libertad pura y simple al considerar que no existe tal entramado de prestanombres y testaferro para estafar al Estado a través de contratos públicos.
La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, a su salida al tribunal declaró que el Ministerio Público se quedó a la espera de que la defensa refutara de manera simple la solicitud de medidas de coerción contra sus defendidos.
Será este martes que el juez José Alejandro Vargas deberá implementar medida coercitiva contra los imputados.
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