Los nuevos escándalos de corrupción administrativa sometidos a la Justicia por la Procuraduría General de la República (PGR) han revelado una nueva tendencia en la investigación y persecución criminal del Ministerio Público: el imputado que delata a otros corruptos recibe un beneficio a cambio.
El caso más reciente de un acuerdo con un imputado para incriminar a otros se produjo en la red de corrupción desmontada por la Operación Coral, donde el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, reveló cómo funcionaba la red de corrupción liderada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán (La Pastora), y el coronel policial Rafael Núñez de Aza, entre otros, que defraudaron con más de RD$3mil millones al Estado.
Por la relevancia de las informaciones suministradas por este alto oficial y por las pruebas aportadas, el Ministerio Público solicitó que este imputado no fuera enviado a prisión, le favorecieron con seguridad, entre otros beneficios que las autoridades mantienen en confidencialidad.
Germosén dio informaciones de cómo funcionaba la red de corrupción liderada por Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Por su colaboración también fue favorecido con protección del Ministerio Público y no fue enviado a la cárcel.
Las llamadas “delaciones” en casos de corrupción en el país, comenzaron a tener notoriedad a raíz de los sobornos de Odebrecht, en los que la constructora brasileña admitió que repartió sobornos US$92 millones y brindó informaciones al Ministerio Público a cambio de no ser perseguida penalmente.
Sin embargo, por algunas faltas cometidas en el proceso, esas delaciones fueron descartadas en un juicio de fondo, lo que queda como experiencia para el Ministerio Público.
A pesar de que está consciente de que los acuerdos son mecanismos legales, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, no es partidario de las delaciones, debido a las dudas que suelen dejar.
“Por más válidas que puedan ser, no soy partidario, tampoco me gusta que el Ministerio Público fundamente su investigación y su eventual acusación en colaboraciones delatorias o autoincrinatorias de los propios imputados, pues siempre queda un dejo de duda sobre la veracidad de esas declaraciones”, expresa el jurista.
En cambio el abogado y experto en derecho penal, Carlos Salcedo, está de acuerdo con estos mecanismos.
“Esa política de persecución del Ministerio Público de lograr acuerdos con co-imputados o co-investigados, es correctísima... el Ministerio Público tiene todo el derecho, apoyado en la norma, para llegar a soluciones acordadas con cualquier persona... para lograr los propósitos... aunque las delaciones deben ser verificadas objetivamente”, consideró.
La abogada y exmiembro del Ministerio Público, Ingrid Hidalgo, explicó que el Código Procesal Penal regula los principios que, en materia de persecución penal, son conocidos como de oportunidad. Dijo que, según la norma, se pueden aplicar cuando “se trate de asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves o de tramitación compleja y el imputado colabore eficazmente con la investigación, brinde información que ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos”.
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